VANDALISMO

Conocemos ya como se ha implantado, desde el gamberrismo, el vandalismo en nuestras ciudades y pueblos por toda la geografía nacional de manera más habitual de la que -aún en el peor de los supuestos- pudiéramos esperar y naturalmente desear.

Las manifestaciones con derroche de actos violentos se han agudizado desde el último año de Zapatero y, por supuesto, durante los meses de gobierno de Rajoy.

La situación económica con los ajustes y reformas obligadas, sin entrar ahora en lo acertado de cada una de ellas, ha dado pie a los vándalos para mostrarnos su peor cara.

Un cálculo -muy por encima- del coste de estas acciones vandálicas nos lleva a varias decenas de millones de euros al año, coste que recae sobre las instituciones, es decir, sobre los sufridos contribuyentes a los que les vendría muy bien emplear ese dinero en otras actuaciones sociales.

Si nos concentramos en las manifestaciones permitidas o no por la autoridad competente en cada caso, todas ellas y digo todas, tienen unos personajes, asociaciones, gestoras, partidos políticos, sindicatos, representantes de determinados grupos (algunos ocasionales creados para este fin) que son los convocantes o animadores de la concentración o manifestación y esto es un hecho conocido públicamente. Estos convocantes tienen que ser ante la ley los responsables directos de los desmanes que se produzcan al amparo de su llamada. No olvidemos que cualquier cabecilla o cualquiera que se lo crea puede fácilmente alterar y manipular a las masas que incluso en su mayoría pueden actuar de buena voluntad y quedan a expensas de cuatro desalmados.

Si las leyes declararan esta responsabilidad económica y judicial de la misma manera que individualmente (a los padres o tutores en el caso de menores) ya se cuidarían muy mucho los convocantes, de mantener un verdadero sistema de seguridad en aquello que promovieran.

De aquel vandalismo esta barbarie.