PERO EN QUÉ PAÍS VIVIMOS

Según aparece en la prensa, se acaba de inaugurar la nueva prisión de Pamplona. La noticia destaca la no apertura de la piscina cubierta con un coste de 500.000 € y 50.000 € de mantenimiento anual y también la posible reventa de 721 televisores que tuvieron un coste de 100.000 € con destino de un aparato por celda y demás. Olé con la coherencia de los recortes que marcan la crítica actualidad económica del País.

Parece ser que el coste de esta nueva prisión alcanzó cerca de 120 millones de euros. Importe fácilmente explicable con semejantes partidas que se destacan. Habría que entrar en más detalles sobre aparatos sanitarios, celdas, salas de biblioteca y gimnasio, etc. etc.

A donde quiero llegar es al criterio que se utiliza, a la filosofía que se sigue y al objetivo final que se pretende. Hay que aceptar que las prisiones y sus inquilinos están, en los tiempos que corren, lejos de aquellas edificaciones inhumanas e insalubres con los trabajos forzados por toda ocupación, pero si unas instalaciones están dirigidas a delincuentes, malhechores, asesinos y demás, es justo pensar que no deben “disfrutar” de comodidades, adelantos y elementos de ocio que la mayoría de la sociedad (en este caso la víctima) no puede alcanzar ni trabajando de sol a sol ni mucho menos en el paro (5 millones de personas más familiares afectados). Bastante tienen con discurrir cómo sacar su familia adelante.

Es vergonzoso que instalaciones como la que referimos disponga de comodidades dignas de un hotel de cuatro o cinco estrellas. De acuerdo que lo principal para un preso es la falta de libertad pero hasta este concepto es altamente discutible, no se diferencia tanto de la que muchos ciudadanos tienen si consideramos los beneficios penitenciarios y grados de libertad existentes durante el día.

 No son discutibles los cuidados sanitarios en cuanto a la limpieza, salud y alimentación que toda persona debe tener pero de ahí en adelante habría que medir muy mucho qué mejoras puede alcanzar un ciudadano medio mileurista. Una situación penitenciaria no debe nunca superarlo. Es una total incongruencia y una injusticia social.