PAGO A PROVEEDORES

Que la situación económica del País es catastrófica, lo sabemos. Conocemos cada día la marcha del déficit, deuda, Ibex, prima de riesgo y demás indicadores que los medios nos facilitan – algunos no de forma tajante y clara-  amargándonos el desayuno y el comienzo del día. En muy contadas ocasiones alguno de estos datos es para celebrar, y si lo fuera no tardan en darnos la contrapartida a peor.

Se ha hablado mucho, muchísimo, de los recortes, ajustes y reajustes así como de las reacciones sociales originadas. Como todo en la vida tiene sus matices, hay que decir que ni la comunicación oficial ha sido un derroche de perfección ni las manifestaciones han lucido siempre y todas ellas razones coherentes.

Respecto a la deficiente comunicación oficial por parte del Gobierno quiero resaltar el poco eco dado a la articulación del plan de financiación para el pago a proveedores que se ha puesto en marcha. Considerando la manera fácil de refinanciar estos pagos, con las obligaciones de declaración de deudas que suponen claridad en las cuentas públicas -¿quién sacará en adelante deudas antiguas no reconocidas ahora?- hay que calificar la medida de muy acertada.

 Hace ya algunos meses, al poco de su toma de posesión, quedó disponible el “Plan de Pago a Proveedores”. Este mecanismo consiste en avalar, el Estado, ante la banca créditos a ayuntamientos y comunidades autónomas y servirá para financiar a un cierto coste (más bajo del normal)  el pago atrasado de ayuntamientos y autonomías que asciende a varias decenas de miles de millones de euros. Parece que el número de acreedores que pueden beneficiarse asciende a casi 200.000 en su mayoría autónomos de pequeñas y medianas empresas. Inicialmente este crédito sindicado es a 10 años con 2 de carencia y por un montante total de 35 mil millones. Los proveedores que quieran podrán acogerse voluntariamente a este Plan y beneficiarse de la línea de crédito para conseguir liquidez ofrecida en el Plan.

El coste producido será soportado por las propias entidades territoriales mediante un interés por debajo de 6% y, ocasionalmente, por los mismos proveedores mediante una “quita” aunque esta no sea obligatoria. Sí hay que reconocer que es triste que el beneficiario finalmente sea la banca (como siempre) y el paganini los ciudadanos a través de sus instituciones e incluso las pequeñas empresas aunque algunas de estas puedan alegrarse por cobrar facturas que consideraban perdidas.

Hasta el momento parece que son ya más de 6.000.000 de facturas las liquidadas por este medio. Cantidad increíble que merece un comentario aparte sobre la administración pública ¿cómo puede gestionarse el dinero público provocando semejantes retrasos de los documentos a pagar y algunos de ellos incluso sin contabilizar correctamente?